La constitución de un Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) en todo el Continente, o el avance parcial de iniciativas
subregionales del mismo tipo, conlleva modificaciones sustanciales no sólo en
la libre circulación de mercancías producidas en condiciones abismalmente
diferentes sino, sobre todo, en la normatividad general de la zona y, con ello,
en los ámbitos de acción de los sujetos, en el carácter y margen de maniobra de
las instancias y en las atribuciones políticas de los pueblos y naciones
firmantes.
De acuerdo con los Padres Fundadores, la
libertad, la propiedad y la virtud son los grandes valores que dan forma y
color a esta nación, y son precisamente estos valores, los que se encuentran en
peligro frente a la amenaza que significan los otros. Figuras claves para
entender la naturaleza de esos valores y los ejes de su seguridad, son Benjamín
Franklin y Alexander Hamilton.
Este esquema, se proyectó posteriormente en las
dos grandes doctrinas norteamericanas de corte geopolítico del siglo XIX, la
Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, doctrinas que salieron a relucir en
las aventuras expansionistas de 1846-1848 frente a México y, aún más afinadas,
cincuenta años más adelante en 1898, en el Caribe y el Pacífico. En un primer
nivel, esas doctrinas han actuado como las justificaciones geopolíticas e,
incluso, teológicas de la política exterior norteamericana del siglo XIX .
De esta manera, se articula la expansión del
mercado con los enclaves militares y los intereses de los capitales
norteamericanos, ahora ya trasnacionales, anclados mediante la idea del
excepcionalísimo norteamericano con el interés nacional. Son estas dos últimas,
una meta política y la otra política, las que proporcionarán grandes dosis de
legitimidad ante la sociedad norteamericana, en la medida en que la expansión
del Estado corporativo, moderno, eficiente y por tanto civilizado, genera la
suficiente riqueza como para elevar los salarios, incrementar el consumo e
incorporar al individuo en una nueva organización laboral que, ideológicamente,
actualiza los eternos valores norteamericanos: libertad, propiedad. Una vez
conjuntados gobierno, corporaciones y sociedad dentro del espacio democrático
del Estado corporativo, se requiere, entonces, afinar las reglas de ese espacio
para avanzar como una verdadera unidad política.
El poder comprende atributos personales y de
posición en jerarquía que se constituyen en la base de la capacidad para
influir en las demás personas. Analizando el poder y la autoridad, se observa
que el poder abarca atributos personales y de posición, mientras que la
autoridad implica el poder
con base en la posición. Desde un punto de vista
conductista, Simón profundiza el estudio del poder en la toma de decisiones en
el contexto organizacional en términos de su estructura y propiedades internas,
debido a que se requiere una concepción operativa. Simón sostiene que el
proceso decisorio se guía a través de la racionalidad limitada que caracteriza
todo comportamiento humano, incorporando los mecanismos de influencia a través
de los cuales la organización controla el comportamiento de sus miembros. Luego
el individuo es controlado por la organización por medio de la autoridad, el
consejo, la información y el entrenamiento como mecanismos externos, y a través
del criterio de eficiencia y lealtad e identidad organizacional. En conclusión,
Simón crea una teoría organizacional que proporciona medios de dominación para
asegurar el mantenimiento de la organización, del capital sobre el trabajo.
El hecho de evidenciar que las amenazas a la
seguridad de los países pasan principalmente por la capacidad de interpretación
que de las mismas tengan los tomadores de decisión en los ámbitos estratégicos,
como también en la política exterior. Pero incluso más allá, dicha
interpretación queda en nada si no se manifiesta dentro de un plano imaginario,
el cual sería, para los mencionados autores, el espacio en el que se unen
geopolítica y seguridad, debido a que es por medio de la geopolítica en que los
tomadores de decisión “especializan” sus amenazas, así como también la
posibilidad de contrarrestarlas, a través de decisiones concretas, las que se
manifiestan en políticas de seguridad sobre un fenómeno u objeto en particular.
Cuando se cambia el foco de acontecimientos a
procesos, los factores culturales adquieren en mayor medida una importancia
considerable, teniendo en cuenta que es gracias a dichos elementos que se
establecería una unión entre identidad y seguridad, relevando a un segundo
plano la integridad territorial
como aspecto a resguardar en el plano
internacional del Estado. Es más, de acuerdo a Paul Roe (2013), en múltiples
ocasiones son las propias localidades ubicadas al interior del Estado, las que
no logran un grado de compatibilidad entre la identidad y lo cultural con dicha
institución, lo que da como consecuencia una serie de conflictos entre las
partes involucradas. Pero incluso más, la visión cultural y de identidad no
solamente reafirmaría una condición geopolítica determinada de una localidad,
sino que, al mismo tiempo. lograría evidenciar que, en múltiples ocasiones, el
Estado basa su propia concepción de seguridad en aspectos netamente simbólicos,
lo que no solo da como resultado una clara incongruencia en los parámetros
tradicionales de comprender a la geopolítica y a la seguridad, sino que, al
mismo tiempo, devela los aspectos subyacentes que se esconden detrás de una
eventual realidad.
A continuación se presenta un video explicativo sobre el tema:
Referencias bibliográficas
Gallardo, F. L. D.
(2007). Contribución de la geopolítica crítica a la comprensión de la actual
concepción de seguridad. Revista
Política y Estrategia,
(108), 71-82.
Scribano, A., & Zanin, E. S. (2012). La cabeza contra el muro.
Geopolítica de la seguridad y prácticas policiales. Revista de Ciencias
Sociales, 25(30), 11-32.
Comblin, J.
(1988). Doctrina de seguridad nacional (Vol. 1). Editorial Nueva Década.
Luna, A. A. R. (2008). Seguridad nacional y geopolítica en América del
Norte y Centroamérica. Revista
Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 6(8), 129-146.
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